La crisis en la cadena logística provocada por la pandemia y la posterior invasión de Ucrania ha provocado una excepcional subida de las materia primas como el gas, petróleo, acero, aluminio y de todos los materiales relacionado con la obra pública.

Esto ha tenido como consecuencia que la ejecución de un número significativo de contratos se haya dificultado notablemente, pues los contratistas han visto cómo se alteraba fuertemente la economía de estos contratos por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público.

La delegada de Reactivación Económica, Rocío Ayala, ha argumentado que la medida excepcional adoptada por el Gobierno de España y complementada por el Decreto ley aprobado por la Junta “es justa y necesaria, ya que va a posibilitar un impacto beneficioso para el sector y también para el conjunto de las Administraciones Públicas, incluidos los ayuntamientos”. El objetivo de esta medida es claro: evitar la paralización de las obras públicas en marcha, muchas de ellas financiadas mediante los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y sujetas, por tanto, a unos estrictos plazos de ejecución.

Por su parte, el alcalde de Utrera, ha puesto de manifiesto que “a pesar del difícil contexto en la compra de materias primas esta medida puesta en marcha por el Gobierno de España va a permitir la no paralización de la inversión municipal, lo que da lugar a la consecuente mejora de la ciudad y la dinamización de la economía”.