La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha visitado las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en 121 viviendas del entorno de San Carlos Borromeo, en Utrera. En la visita ha estado acompañada por el alcalde, Francisco Jiménez, la delegada de Reactivación Económica y Vivienda, Isabel González Blanquero, así como por técnicos responsables del proyecto.

Estas actuaciones cuentan con una inversión de 3,3 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation y gestionados en Andalucía a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Las obras se iniciaron el pasado verano y se están ejecutando en tres fases. En conjunto, el proyecto alcanza ya aproximadamente un 70 % de ejecución. Actualmente, algunos edificios presentan un grado de avance muy elevado, con porcentajes que oscilan entre el 70 % y el 95 % en varios bloques, mientras que dos de los edificios del total ya han superado el 50 % de ejecución.

Reducción del esfuerzo económico para los vecinos

La colaboración entre la delegación de Reactivación Económica y la Junta de Andalucía ha sido clave para hacer viable este proyecto, ya que en su planteamiento inicial suponía una carga económica considerable para los residentes. El acuerdo aprobado en el anterior mandato municipal, contemplaba una financiación de más de 3 millones de euros procedentes de fondos europeos, junto a una aportación vecinal de 476.032 euros, lo que implicaba un desembolso cercano a los 20.000 euros por vivienda.

El actual gobierno municipal, trabajó en la mejora de las condiciones económicas y se introdujeron cambios que elevaron la financiación pública hasta los 3.299.077 euros, incorporando además una nueva línea de ayudas por valor de 428.000 euros destinada a personas en situación de vulnerabilidad.

El incremento en la demanda de estas ayudas llevó a la Junta de Andalucía a impulsar una nueva revisión del acuerdo, ajustando el reparto de la financiación y reduciendo significativamente la aportación de los propietarios. Como resultado, la contribución total de los vecinos se ha reducido a 235.282 euros, situando el coste final en torno a los 4.000 euros por vivienda.