El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento ha encargado una auditoría externa, a iniciativa del equipo de gobierno PP-Utrera+, “con el objetivo de conocer con precisión la situación financiera real del consistorio”.

Esta situación se origina, entre otras cuestiones, porque el Ayuntamiento no ha presentado la Cuenta General ante el Tribunal de Cuentas desde 2018, un acontecimiento que Jiménez ha calificado como “muy serio y que puede tener importantes consecuencias negativas para el consistorio”. Es por ello, que se ha tomado la decisión de contratar un Servicio de Auditoría sobre “Adecuación y regularidad de los estados financieros, gestión presupuestaria y cumplimiento de la normativa durante los ejercicios 2018-2024”, que ha sido adjudicado a la empresa AUNA MG AUDITORES S.L.P.

El alcalde ha subrayado que la Cuenta General refleja cómo se ha gestionado el dinero público durante un año, muestra qué se ha hecho con los recursos del Ayuntamiento, por lo que contiene la información sobre el Presupuesto Ejecutado, en el que se reflejan los ingresos y gastos reales anuales; el Estado Financiero y Patrimonial, que permite conocer los bienes que tiene el Ayuntamiento, cuánto se debe y cuánto se ha cobrado y pagado; el Remanente de Tesorería, que se podría denominar el “colchón” financiero con el que se empieza el año siguiente año y, por último, el Resultado Presupuestario, que es el dato que indica si el Ayuntamiento está en situación de superávit o déficit.

Por tanto, la Cuenta General debe presentarse obligatoriamente, tal y como establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo necesario su aprobación en Pleno antes del 1 de octubre del año siguiente al ejercicio presupuestario al que se refiere, y su posterior remisión al Tribunal de Cuentas o, en su caso, a la Cámara de Cuentas autonómica.

El alcalde destaca que al no presentarse este documento económico, “se está faltando a la transparencia e impidiendo que se dé una información veraz a la ciudadanía y a los propios concejales sobre la gestión económica, no se puede controlar si el Presupuesto se ha cumplido según la ley, si el Ayuntamiento está saneado o tiene problemas y no es posible preparar el Presupuesto del próximo año con la responsabilidad que se requiere”.

Ante esta situación, el Ayuntamiento puede recibir advertencias o sanciones e incurrir en responsabilidades legales o contables, “además de lo que se perjudica la imagen pública del consistorio y se traiciona la confianza de los ciudadanos, que tienen el derecho a conocer toda la información sobre cómo se gestionan las arcas municipales”, señala el primer edil.

Esta situación, puede acarrear problemas económicos al Ayuntamiento, no solo por la imposibilidad de conocer la realidad para poder gestionar adecuadamente las cuentas municipales, sino porque se pueden imponer multas coercitivas o, “lo que resulta aún mucho peor, que se retenga lo que nos corresponde de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que, solo para este año, son más de 16 millones de euros”, lo que nos colocaría en una situación más que complicada, sin descartar las responsabilidades legales directas que pueden suponer para el Ayuntamiento y sus responsables”. 

En este sentido, no hay que olvidar que, por ejemplo, en 2016 el Ministerio de Hacienda ya retuvo los ingresos estatales a 139 ayuntamientos por no presentar sus cuentas generales.

Jiménez señala que esta situación es una «negligencia por parte del anterior gobierno y yo solo espero, que la Ministra Montero tenga la misma paciencia que ha tenido estos años, precisamente ahora que nosotros nos vamos a ocupar de darle solución a esta situación».

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento no puede ahora sin más, “presentar las cuentas de 2023 y 2024, eso no es posible porque estamos obligados a hacerlo de manera sistemática, es decir,  empezando por la de 2018 y así de manera progresiva».