Al cierre del año 2015, la economía sumergida representaba en España un 18,25 del Producto Interior Bruto, es decir, 189.491 millones de euros. Datos que no se pueden obviar y que dejan patente que la economía sumergida se ha convertido en un medio de vida para determinados sectores de la sociedad.

La escasez de empleo y de encargos o clientes en el caso de los autónomos incita a muchos de ellos a evadir impuestos no declarando aquellos ingresos que reciben por el trabajo realizado, de modo que la cantidad que perciben finalmente es mayor que la que recibirían en otras circunstancias. El problema es que estas prácticas irregulares suponen importantes problemas para la economía española, que explican que la recaudación de IVA en nuestro país sea inferior a la media europea. Además, falsea datos como los referentes al desempleo, que si bien es cierto que contamos con una alta tasa de paro, muchos desempleados constan como tal pero perciben un salario no declarado, en muchos casos para poder compatibilizarlo con la prestación por desempleo.

Por tanto, es un problema que es necesario abordar puesto que afecta a toda la población en mayor o menor medida, así como a nuestro futuro. Y es que las cotizaciones que realicemos a lo largo de nuestra vida laboral repercutirán en la pensión que recibamos cuando llegue la jubilación. Para ello, debe instaurarse en la sociedad esta conciencia y responsabilidad social.

Se hace complicado encontrar una solución inmediata teniendo presente que los salarios cada vez son más bajos y los empleos tienen una temporalidad menor, pero está en nuestra mano que así sea. Además, ser partícipe de este tipo de prácticas puede traer consecuencias negativas para quienes se prestan a ellas, ya que si son detectadas por las constantes inspecciones de trabajo que se llevan a cabo, pueden enfrentarse a importantes sanciones.

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